miércoles, 5 de diciembre de 2012

Una Sanidad hipotecada

Dos importantes leyes explican la situación actual de la Sanidad en España. Por un lado, la Ley General de Sanidad 14/1986 que delegaba a las Comunidades Autónomas la gestión de la sanidad «en virtud de los competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado les transfiera». Por otro, la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada con amplia mayoría parlamentaria en el año 1997. Fruto de ambas, surgen los diecisiete sistemas sanitarios actuales e innumerables formas de colaboración público-privada en cada uno de ellos, destacando por encima del resto las regiones de Cataluña, la Comunidad Valenciana y, en los últimos años, la Comunidad de Madrid.

A raíz del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid que incluye la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales inaugurados en 2008 y la externalización de la gestión de 27 centros de salud, se ha reabierto el debate sobre el futuro de la Sanidad. El polémico plan, que incluye también medidas de dudosa constitucionalidad como el «repago» de un euro por receta y otras que escapan de cualquier análisis racional, como el desmantelamiento del prestigioso Hospital de la Princesa para convertirlo en un geriátrico donde tratar presumiblemente a los pacientes “no rentables” que no querrán asumir los hospitales de gestión privada, ha generado el rechazo unánime de todos los estamentos de la profesión sanitaria. La oposición frontal a las medidas desemboca en la convocatoria, inusualmente unitaria, de una huelga de cuatro días de duración que comenzó el lunes de la pasada semana y que se solapa con una huelga indefinida de los médicos facultativos y cuyo seguimiento esta siendo mayoritario.

El primer impulso privatizador de la sanidad madrileña se produce en la legislatura 2003 – 2007 coincidiendo con los años de bonanza económica. Se decide entonces la construcción de diez nuevos hospitales públicos en las ciudades de la periferia, cuatro de ellos con un modelo de gestión puramente privado (uno de ellos, en Collado Villalba, todavía pendiente de inaugurar por falta de presupuesto) y seis de gestión mixta público-privada, cuya construcción y los servicios no sanitarios son gestionados por la empresa privada concesionaria, mientras que los profesionales sanitarios dependen de la Consejería. El modelo de concesión a 30 años permitió la rápida construcción de dichos hospitales y su inauguración previa a las elecciones autonómicas. Se aplazaba el pago de los mismos a cómodos plazos anuales que no se contabilizaron como deuda en su momento pero que comprometerían el presupuesto de la Comunidad durante décadas. Además, de forma similar a como ocurre con las hipotecas de los bancos, el pago a estas concesionarias privadas se actualiza anualmente en base a cláusulas varias siempre de forma ventajosa para la empresa privada. Así, por ejemplo, en el Hospital de Valdemoro de gestión puramente privada el pago a la empresa Capio Sanidad se actualiza anualmente con el IPC más el 2 %, lo que dentro de 30 años supone que el coste de la asistencia sanitaria a la población de esa área se habrá duplicado o triplicado.

 El cambio de ciclo económico, el compromiso de deuda, los recortes presupuestarios y los pagos atrasados a proveedores han colocado a las Comunidades Autónomas al borde de la quiebra. Al abanico de medidas de ahorro ensayadas en cada región, se ha unido la Consejería de Sanidad madrileña con la privatización total de los seis hospitales de gestión mixta construidos la pasada legislatura y la de uno de cada diez centros de salud. La excusa es el ahorro, pero no se realiza ningún estudio que avalúe los cinco modelos de gestión sanitaria ensayados hasta el momento en la Comunidad de Madrid. No se aporta ninguna evidencia que soporte el mantra tantas veces repetido de que la gestión privada es más barata que la pública, cuando la experiencia en otros países como Reino Unido dice lo contrario, y tampoco se hacen públicas las cifras económicas pormenorizadas de cada hospital demandadas insistentemente por los profesionales y los partidos de oposición que justifiquen estas medidas. Nuestros gobernantes parecen incapaces de gestionar correctamente la Sanidad y toman la salida más fácil, ceder la gestión a una empresa privada sin preocuparse por las consecuencias que ello puede tener, especialmente en cuanto a la calidad de la misma. Una empresa privada buscará el máximo beneficio económico, siempre.

En definitiva, se da un paso más en la privatización de la sanidad pública sin haber evaluado los pasos dados con anterioridad. En el presupuesto del año 2012, la partida global de Sanidad se mantuvo prácticamente igual en términos absolutos que en el año 2011, mientras la partida a pagar a las empresas concesionarias aumentaba proporcionalmente. En el presupuesto del año 2013, la partida de Sanidad se reducirá, pero de nuevo la partida a pagar a las empresas concesionarias volverá a aumentar por los compromisos adquiridos. Si el próximo año se consuma la privatización de estos seis hospitales y parte de los centros de salud, habrá nuevos contratos a largo plazo que hipotecarán aun más la Sanidad Pública para las próximas generaciones y serán la excusa para nuevas medidas que avancen en la misma dirección privatizadora en el futuro. Una situación tan compleja exige la búsqueda de un pacto entre las fuerzas políticas que seguramente trasciende a la Comunidad de Madrid. Los profesionales de la sanidad están deseosos de participar activamente en la toma de medidas que garanticen la sostenibilidad y calidad de nuestro sistema sanitario. Está en juego uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar y una de las conquistas de las que los españoles podíamos sentirnos más orgullosos.