Venezuela, "un nivel de libertad de expresión satisfactorio"

Con la oración “me es grato dirigirme a usted…” comenzaban las actas de defunción de 34 estaciones de radio venezolanas. Las firmó el más osado sepulturero, el más efectivo brazo ejecutor (público) que ha tenido Hugo Chávez: Diosdado Cabello (de profesión, militar).

El personaje es digno de resumen: fue Presidente de la República unas tres horas, la madrugada del 14 de abril, cuando Chávez retomó el poder. Fue candidato del partido oficialista (PSUV) para gobernar el estado más poblado del país (Miranda, que alberga cuatro de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas), pero un opositor le arrebató la victoria y quedó venido a menos y regañado por su jefe.

Como premio de consuelo le dio el Ministerio de Infraestructura (Minfra), cartera que ya había ocupado antes, por cierto. Hace pocos meses, arguyendo una reestructuración de ministerios producto de la crisis, el Minfra pasó a llamarse Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi). Y a las semanas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), desde siempre adscrita a otro ministerio, pasó inexplicablemente a manos del naciente Mopvi.

Hay quien dice que Cabello (u “ojitos lindos”, como le dice Chávez de cariño) es el ministro de lo que sea, el ministro de todo. ¿Cómo es que una cartera ejecutiva puede ocuparse, al unísono, de áreas tan distintas como obras públicas, vivienda y el sector telecomunicaciones?, pudiera preguntarse uno apriorísticamente. Del fondo de esta telaraña subyace una sentencia al súper ministro, proferida por Chávez justo el día que RCTV cumplió dos años de apagarse (28/05/2009). “Diosdado Cabello, estoy esperando”, le increpó Chávez en televisión. Se refería, en ese entonces, a la orden expedita de cerrar Globovisión a toda costa, el canal de noticias venezolano que abiertamente hace más oposición al Gobierno; una cadena muy vista en el país, hasta por el propio sector chavista, a razón de su seriedad y entrega a la noticia, aunque sólo esté en seña abierta en 2 de 24 estados y la mayoría la veamos por sistema de cable o Directv.

Acto seguido, se abren más procedimientos administrativos contra Globovisión. Es común que representantes de Conatel lleguen al canal a sancionarle prácticamente por cualquier cosa. Ya cuentan cerca de 60 procedimientos abiertos. Seguramente, serán parte del argumento de cierre que le espera, pero de momento les ha sido difícil dar ese paso. Hasta el día de hoy, está (apenas) sentenciada de muerte.

Mientras tanto, la radio. El pasado viernes 31, a las 8:30 pm (vaya horario, por demás), Cabello irrumpe en la televisión para anunciarlo. Todo el mundo (dueños de estaciones, trabajadores, operadores, periodistas…) ignorantes, se enteraron en ese justo momento de la situación. Apenas los funcionarios de Conatel llegaran con la notificación a la que, tragicómicamente, hago mención al inicio de estas líneas, la estación debía cesar transmisiones para siempre. Un cierre. Así lo nieguen desde el Ejecutivo, porque les suena feo a sus oídos.

Los motivos del “radiocidio” desarticulan nuestra paz: Hablan de la necesidad de “democratizar” el espectro radioeléctrico. ¿Cuál democratización?, si el domingo pasado Cabello declaró que jamás le darán una radio a un “escuálido” (escuálido: término peyorativo con el que chavistas se han referido a opositores desde hace unos nueve años. Lo inventó Chávez, por supuesto). Ahora mismo un bache (el ruido característico que nos acompaña mientras sintonizamos un dial) ocupa dichas frecuencias. Todas murieron ya.

La medida recae, específicamente, sobre 32 emisoras de radio privadas y dos televisoras locales de tendencia opositora. La mayoría de las estaciones conformaban el Circuito Nacional Belfort (CNB), una cadena de trayectoria, tradición, alta sintonía y pluralidad de voces, en la que, me consta, el chavismo también tenía cabida, mientras paralelamente se criticaban las acciones de gobierno. CNB retransmitía, de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 pm, un programa considerado como el más antichavista del país (Aló, Ciudadano), por ejemplo. Coincidencialmente, el accionista principal de CNB es el presidente de la asociación que agrupa a los radiodifusores de todo país, Nelson Belfort.

De un solo plumazo, amanecimos el sábado con centenares de nuevos desempleados con la incertidumbre como destino. Pero no sólo eso, sino con una libertad de expresión mucho más debilitada de lo que ya la teníamos. ¿Cuál ha sido el delito de esta gente? Denunciar lo que nos pasa como país, destapar la corrupción, poner el micrófono en el barrio y abrir la cabina a la participación telefónica del oyente, hacer consciente a la gente de que cada día nos alejamos, ahora a pasos más acelerados, de un sistema democrático de libertades.

Se conocieron los primeros 34 nombres y diales, pero la medida, anunciada también por Diosdado Cabello, suma unos 240 renglones. Faltan por conocerse todavía cerca de 200 medidas, y es presumible avizorar lo que viene. Hay malestar, miedo, rabia, indignación, ira, tristeza… en la radio venezolana.

Sí. Es cierto. Algunas de ellas tenían sus licencias vencidas. En otras, el acreedor de la concesión había fallecido y el Gobierno insiste en que “una concesión de radio no es heredable”. Pero al tiempo, más de 400 emisoras comunitarias (afectas al Gobierno en su totalidad, aunque unas más viles que otras) viven de la ilegalidad. Hace unos años hice un reportaje de investigación sobre el punto. No tienen certificados de transmisión al día; muchas de ellas no tienen aún concesión para transmitir y se robaron un dial cualquiera del espectro; violan su reglamento que las llama a servir a la comunidad y jamás a lucrarse de publicidad. Y lo hacen sin problema alguno. No hacen más que colgarse a la señal del Estado cada vez que Chávez habla (que, como saben, sucede con mucha frecuencia y por no pocas horas). El concepto en sí mismo de la radio comunitaria es sublime y América Latina tiene ejemplos loables de su pertinencia en el sistema de medios, pero aquí tenemos una deformación grotesca de su concepto que deriva en un grupete de radios manejadas por gente no profesional y usadas como instrumento político de la clase gobernante.

La forma de sentenciar a la prensa escrita es otra historia. El jueves pasado, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presenta a la Asamblea Nacional (al Congreso) un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos. 17 artículos. Es nefasta. Hasta 9 de cada 10 chavistas (según una encuestadora local) la rechazan. “Es necesario regular, ponerle límites a la libertad de expresión”, se atrevió a decir entonces. Y reábrase, en consecuencia, el debate de los DDHH, que no están para limitarse o regularse, sino para garantizarse de parte del Gobierno. Se les olvidó. Y el proyecto trastoca, además, preceptos de nuestra Constitución.

En esencia, se convierte cada noticia publicada en un presunto delito, y a nosotros los periodistas, en potenciales delincuentes. Si el Gobierno considera que hay tergiversación en una cobertura, que hay falseamiento, que se OMITE (ya el problema no es sólo publicar, sino dejar de publicar) alguna información importante o si algún tema es proclive a campañas de miedo, a afectación de la “salud mental” o de la “moral pública”, la sanción es la misma: cárcel de 2 a 4 años para los responsables. ¿Y quién me dirá a mí que una noticia es o no dañina para la salud mental de la sociedad? Me lo dirá el Gobierno. Parece mentira, ya quisiera yo estar exagerando. Y nada, que esto me y nos trae la moral por el suelo. La prensa del día nos da un respirito. Ayer los diputados frenaron su primera discusión en el Parlamento, inferimos, por la activa presión internacional ejercida sobre el instrumento en cuestión de horas (hasta el partido socialista francés se opuso; quien nos quedó mal fue el ministro Moratinos). Ojalá jamás sea ley, y se quede en proyecto engavetado, en idea suicida de unos pocos.

Por si esto no fuera suficiente, desde el miércoles está preso en una cárcel con todo tipo de delincuentes un aguerrido periodista venezolano, Gustavo Azócar. Le achacan estafa, cuando 18 personas ya declararon a su favor y todas las pruebas rebaten la imputación. Le armaron una trampa jurídica y de repente, el miércoles pasado le dictaron medida privativa de libertad, sin haber terminado el juicio si quiera.

Azócar, además de ser mi amigo y un excelente profesor de periodismo en la universidad de quien aprendí el oficio, es una voz profundamente crítica al gobierno. Una piedra en el zapato. Aguarda decenas de casos de corrupción de la administración pública en todos sus niveles, desde alcaldías de pueblo hasta ministerios. También ha denunciado, con pruebas, nexos del Gobierno con las FARC. Y nadie sabe hasta cuándo estará allí. Así operaron con los jefes policiales de los sucesos de abril de 2002: Los apresaron una vez comenzó el juicio, que se inició en 2003 y tuvo sentencia firme en 2009 (con penas de entre 15 y 30 años).

Esto, y hasta más, pasa por aquí.

Daniel Pabón, periodista de Venezuela y un gran amigo.

El mismo día que Chávez cerraba 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su política nuestro ministro de exteriores Miguel Ángel Moratinos declaraba en una entrevista a El País que en Venezuela "el nivel de libertad de expresión es satisfactorio".

Su tremenda hipocresía me sigue revolviendo las entrañas. Después de 5 años de gobierno de Zapatero éstos son nuestros aliados, ésta nuestra política exterior. He sentido la misma vergüenza que me produjo ver aquella foto de Aznar junto con Bush con los pies encima de la mesa.

Moratinos conoce perfectamente la situación en Venezuela, pero prefiere mentir, prefiere tratar de engañar a los españoles, prefiere olvidar que significa la libertad de expresión...

Actualización: Muy recomendable el artículo de Hermann Tertsch hoy en ABC, De la indolencia a la complicidad.